El Observatorio de la Costa advierte sobre una enmienda constitucional que podría convertir bienes nacionales como playas y ríos en propiedades privadas, amenazando la conservación de ecosistemas vitales

Una reciente enmienda aprobada por una de las comisiones del Consejo Constitucional ha encendido las alarmas entre los defensores del medio ambiente. Según el Observatorio de la Costa, esta enmienda permitiría que bienes nacionales de uso público, como playas, ríos y el mar adyacente, se entreguen en concesión a privados. El riesgo para la protección de los ecosistemas es inminente.

Carolina Martínez, académica de Geografía UC y directora del Observatorio de la Costa, advierte que la privatización de estos espacios podría llevar a un «uso descontrolado y perjudicial» de los mismos. «El acceso universal desaparece, al transformarse en ‘derecho de propiedad’. El uso de los ecosistemas quedará al albedrío de quién posea la concesión y no de una legislación que garantice su protección», señala Martínez.

La experta también hace referencia a la reciente catástrofe en Concón, donde la construcción de edificios sobre dunas ha llevado a la evacuación de sus habitantes y la posible demolición de las estructuras. «Este caso se multiplica en diversos lugares del país como resultado de intervenciones que ya no son sostenibles en pleno siglo XXI», añade.

La enmienda también contradice esfuerzos previos para una gestión sostenible de la costa, incluyendo una propuesta de Ley de Costas que se encuentra en discusión en el Congreso. Además, va en contra de la actualización de la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que busca incorporar una visión ecosistémica.

Martínez concluye con un llamado a la acción: «Nuestra costa se encuentra en estado crítico por falta de política pública. Ahora es cuando debemos actuar para proteger sus ecosistemas y la vida humana ante desastres, no concesionar un espacio que alberga ecosistemas que son esenciales para la sobrevivencia de las futuras generaciones».

Con la biodiversidad y la sostenibilidad en juego, la enmienda constitucional plantea preguntas urgentes sobre el futuro de nuestros espacios naturales. Es un tema que no solo afecta a los ecologistas, sino a todos los habitantes del país. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a vender nuestro patrimonio natural?