El administrador municipal de Chillán, Richard Guzmán, ha sido suspendido de sus funciones por un período de 10 días. El alcalde de la ciudad, Camilo Benavente, informó sobre esta decisión, la cual surge en medio de investigaciones relacionadas con una sociedad formada en el año 2017. Según el alcalde, esta medida busca facilitar la labor investigativa de la Contraloría Regional, la cual ha sido acusada de tener motivaciones políticas detrás de sus acciones.

Esta sociedad, establecida entre el administrador municipal y otro funcionario, no reportó movimientos financieros ni realizó proyectos concretos, según se detalla en el informe. A pesar de la aparente inactividad de la empresa, la situación ha generado controversias y debates sobre la legitimidad y las implicaciones políticas de las investigaciones de la Contraloría.

El alcalde, Camilo Benavente, defendió al administrador municipal, destacando su compromiso y transparencia. Enfatizó que la asociación del 2017 no tuvo consecuencias prácticas y que las acciones de la Contraloría podrían estar teñidas por intereses políticos.

Guzman se refirió a controversia

Por otra parte, Richard Guzmán comentó sobre su propia situación tras ser suspendido temporalmente en relación con una investigación similar dirigida por la Contraloría Regional. Guzmán fue notificado sobre la investigación, que examina una asociación formada en 2017, la cual no registró actividad económica posterior.

Guzmán explicó que esta investigación proviene de una denuncia realizada por el diputado Frank Sauerbaum, un conocido opositor político. La empresa, creada a través del portal “Tu Empresa en un Día”, nunca comenzó operaciones ni generó ingresos, una circunstancia que, según Guzmán, debería eliminar cualquier sospecha sobre su conducta.

A pesar de la situación, Guzmán se mostró tranquilo y enfatizó que la suspensión no representa una sanción, sino más bien un procedimiento estándar para asegurar una investigación fluida y justa. Durante las próximas dos semanas de suspensión, Guzmán planea colaborar activamente con la investigación, proporcionando documentos y evidencia que respalden su afirmación de que la empresa nunca estuvo activa.

Finalmente, reiteró su confianza en el proceso y su intención de demostrar que no ha cometido ninguna falta administrativa o legal.