A partir de las 15:00 horas de este jueves comenzaría la paralización de servicios de las líneas de autobuses número 1 y número 8, con la que buscan presionar a las autoridades para resolver el conflicto existente desde octubre del año pasado, a partir de desacuerdos entre empresarios microbuseros y la Dirección del Trabajo.

El problema se genera a través de un programa nacional de fiscalización iniciado el año pasado, dirigido a examinar las condiciones contractuales de los conductores de microbuses, especialmente en áreas críticas como Chillán, Talca y Concepción. La principal discordia se centra en la exigencia de la Dirección del Trabajo de que los contratos de los conductores estén a nombre de la empresa responsable, en lugar de los dueños de microbuses que tradicionalmente los contratan individualmente.

Humberto Llanos, presidente de Conabus, la Confederación Gremial del Transporte Mayor, ha expresado la frustración del gremio ante la falta de soluciones por parte de las autoridades, a pesar de los intentos de diálogo y la presentación de evidencia, incluso ante el Ministro de Trabajo. Ante la falta de avances, el gremio considera el paro como una medida de presión legítima.

Eduardo Riquelme, seremi del Trabajo de Ñuble, ha recordado que la fiscalización busca implementar un dictamen emitido hace más de siete años, que establece que las agrupaciones de líneas de buses ganadoras de licitaciones deben ser los empleadores de los conductores, una disposición que no se ha cumplido adecuadamente hasta la fecha. Las multas impuestas a los infractores superan los 64 millones de pesos hasta el momento.

Javier Isla, seremi de Transportes de Ñuble, ha asegurado que se están coordinando esfuerzos para mitigar el impacto del paro en los ciudadanos, proporcionando información detallada sobre horarios y alternativas de transporte durante el período de paralización.