La Contraloría inició un juicio de cuentas contra el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), y cinco funcionarios más por omisiones negligentes en la supervisión de $268 millones otorgados a la Fundación ProCultura en 2022.

Según el medio Ex-Ante, este proceso, iniciado el 15 de noviembre de 2024, podría derivar en la restitución de fondos. La fundación, vinculada al psiquiatra Alberto Larraín, experimentó un aumento exponencial en recursos públicos desde el inicio del actual gobierno.

Crisóstomo, quien fue reelecto en octubre, también es sujeto de interés en una investigación penal, tras ser citado como imputado en octubre y guardar silencio. Se le vincula a sobreprecios y pagos irregulares en el proyecto “Encuentro Binacional Ñuble”.

El gobernador defendió la ejecución del programa y señaló que el juicio aún está en etapa de descargos. Paralelamente, la consejera regional Lorena Jardua (UDI) presentó una querella en su contra, sumando presión a su gestión.