La nueva normativa busca estandarizar trámites, reducir tiempos y dar mayor certeza jurídica sin relajar estándares

Ayer, 29 de septiembre, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°21.770, conocida como Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), antes referida informalmente como la “ley de permisos sectoriales” o “ley de permisología”.  

¿De qué se trata esta ley?

La LMAS fija un marco general para los trámites de permisos sectoriales (aquellos actos administrativos que un organismo debe emitir para autorizar proyectos o actividades reguladas). 

La idea es que los procedimientos sean más predecibles, menos dispersos entre instituciones, y que los tiempos de espera se reduzcan sin sacrificar los estándares regulatorios. 

Principales cambios concretos

Algunos cambios que trae la ley:

1. Plazos máximos obligatorios: cada permiso sectorial tendrá un límite temporal definido para su resolución, según normativa. 
2. Silencio administrativo positivo (o efectos vinculantes del silencio, según el caso) para dar certezas cuando la autoridad no responda en plazo. 
3. Tramitación paralela: los procesos no tendrán que esperar una autorización previa, salvo que la normativa lo exija expresamente —se evitan tramitar permisos en cadena si no se requiere. 
4. Técnicas Habilitantes Alternativas (THA): permite que permisos de bajo riesgo se realicen mediante mecanismos más simples como avisos o declaraciones juradas. Luego habrá fiscalización ex-post. 
5. Plataforma SUPER como ventanilla única: todas las solicitudes de permisos sectoriales pasarán por esta plataforma digital, que permite seguimiento, trazabilidad, notificaciones y transparencia. 
6. Nueva oficina coordinadora: la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) será el centro técnico que clasifica permisos, coordina servicios, monitorea plazos y da apoyo técnico. 
7. Limitaciones en duplicidad de requisitos: si algo ya fue evaluado ambientalmente no podrá ser requerido de nuevo por el órgano sectorial, salvo que sean aspectos no ambientales. 
8. Revisión obligatoria cada 3 años de los permisos que cada servicio maneja para ver si siguen siendo necesarios o deben modificarse. 
9. Coordinación interministerial: se crea un Comité de Subsecretarios para destrabar inversiones estratégicas. 

Se espera que estos cambios permitan una reducción de los tiempos de tramitación de permisos sectoriales entre un 30 % y un 70 %, según estimaciones del gobierno y medios. 

Cómo afectará a los distintos sectores económicos

La nueva ley tendrá impacto en múltiples sectores, especialmente aquellos que requieren permisos múltiples y complejos. Aquí algunos ejemplos:

• Minería y energía: estos rubros son quienes más sufrían demoras por permisos sectoriales dispersos. La ley busca “descentralizar” las tramitaciones, dar certeza jurídica y reducir la dispersión normativa. 
• Infraestructura, transporte y obras públicas: proyectos de carreteras, puentes, puertos, plantas de tratamiento o redes hidráulicas podrán procesar permisos concurrentes y no de forma secuencial, lo que acortará tiempos. 
• Actividades industriales y productivas: empresas que requieren permisos locales, ambientales o sectoriales podrán beneficiarse del sistema estandarizado, reduciendo trámites internos entre servicios.
• Agricultura, pesca y acuicultura: si bien estos sectores participan con permisos sectoriales, la ley introduce mecanismos generales que impactan su tramitación. 
• Desarrollo energético (hidrógeno verde, renovables): proyectos novedosos en electricidad, hidrógeno o energía solar/eléctrica se beneficiarán de mayor certeza regulatoria y menor riesgo por demoras. 

Aunque la ley apunta a no disminuir los estándares regulatorios —ni los ambientales ni técnicos—, críticos advierten que su efectiva aplicación será lo decisivo. 

Retos y plazos de la implementación

Aunque ya fue publicada la ley, su plena operatividad no será instantánea. Algunos plazos señalados:

• La entrada en vigencia del “procedimiento general” de permisos sectoriales comenzará 18 meses después de publicada la ley. 
• La Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) comenzará funciones alrededor de un año desde la publicación. 
• Junto con la OASI deberá instalarse el Comité de Subsecretarios y el canal de denuncias reservado. 
• Durante esos plazos de transición, los servicios deberán adaptar sus reglamentos, capacidades técnicas y sistemas digitales para operar bajo esta nueva normativa. 

Los expertos coinciden en que la verdadera prueba no está en la publicación, sino en que los organismos públicos logren cumplir los plazos, coordinar entre sectores y hacer funcionar la plataforma y la nueva institucionalidad.

La nueva Ley 21.770 abre la puerta a procesos más ágiles y coordinados, reduciendo la llamada “permisología” que con el resguardo hacia una tramitación lenta y algunos casos compleja. Sin embargo, no hay que olvidar que cada autorización cumple una función clave: resguardar nuestros recursos naturales, el patrimonio cultural, la flora, la fauna y la salud de las comunidades. La eficiencia no debe confundirse con menos rigor, sino con mejores herramientas para garantizar que el desarrollo económico avance de la mano con la protección del entorno que heredaremos a las próximas generaciones.

Revisa la nueva Ley acá