Gabriel Pradenas Sandoval
Ingeniero Comercial, Magíster en Políticas Públicas.

Hay errores que afectan los números y otros que afectan la confianza. El descubierto en la Comisión Nacional de Energía pertenece a la segunda categoría. Durante ocho años se aplicó dos veces el IPC en las tarifas eléctricas. No fue un desliz técnico, sino una falla persistente que encareció la vida de millones de personas, distorsionó beneficios sociales y alteró la entrega de subsidios. El daño no termina en el alza de las cuentas. El error contaminó el propio diseño de las ayudas que buscaban compensar su efecto. Se calcularon subsidios sobre una base incorrecta, es decir, sobre un problema que el Estado mismo había generado. Esa endogeneidad revela un nivel de descoordinación e irresponsabilidad institucional que trasciende lo administrativo. Las políticas públicas pierden sentido cuando su origen nace del mismo error que pretendían mitigar.

El impacto es profundo. Cuando la energía se encarece artificialmente, se amplifica toda la cadena de precios. Sube la inflación, se frena la inversión y se encarecen los costos de producción. Lo que comenzó como un error técnico terminó afectando la estabilidad económica, el empleo y la confianza en el Estado. Sin embargo, el golpe más serio no es económico, sino institucional. La fe pública se sostiene en la certeza de que la gestión pública actúa con rigor y responsabilidad. Gobernar no es solo administrar, también es asumir consecuencias. Por eso, aunque el presidente haya pedido comprensión frente a este error, el verdadero aprendizaje no está en justificar, sino en corregir con decisión y ejemplaridad.

Tal como ha recordado la Contralora Dorothy Pérez, sin consecuencias no hay corrección posible. Cuando los errores no tienen costo, la negligencia se instala. Y lo más grave, se castiga a quienes hacen bien su trabajo mientras se protege a quienes fallan en lo esencial. La autoridad no puede limitarse a explicar, debe resolver. El liderazgo exige equilibrio entre lealtad y exigencia. La lealtad no puede confundirse con complacencia. Ser parte del oficialismo también implica velar por los principios que dan sentido al gobierno, entre ellos la probidad, la transparencia y la responsabilidad pública. Se gobierna hasta el último día. Y en ese tiempo cada decisión importa. Restablecer la fe pública requiere más que corregir un cálculo, exige demostrar que en Chile los errores sí tienen consecuencias.