Tras una reunión realizada este medio día, el Presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia del Ministro de Energía, Diego Pardow, tras la crisis dada a conocer el miércoles por las cuentas de luz.

A través de un comunicado de prensa se señala: «La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República informa que S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow Lorenzo. El Presidente agradece el compromiso y trabajo desempeñado por Diego Pardow».

También se señala en el escrito que Álvaro García Hurtado, actual Ministro de Economía, Fomento y Turismo, asume el cargo de ‘Biministro’, al pasar a liderar la cartera de Energía.

¿Qué pasó con las cuenta de luz?

El reciente aumento en las cuentas de electricidad generó una ola de preocupación entre los hogares chilenos, luego de que se revelara un error de cálculo en la aplicación del IPC por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que durante ocho años habría duplicado el ajuste inflacionario en las tarifas eléctricas. Este fallo técnico-administrativo provocó que millones de familias pagaran más de lo que correspondía, afectando además la estructura de subsidios y beneficios sociales vinculados al consumo eléctrico.

El problema no solo encareció las tarifas, sino que alteró la confianza en la gestión pública del sistema energético. Según especialistas, el error derivó en un sobrecosto que distorsionó la entrega de subsidios, ya que estos se calcularon sobre una base tarifaria incorrecta. Es decir, el Estado terminó compensando un problema que él mismo había generado.

El Gobierno reconoció la situación y anunció medidas para corregir el cálculo, ajustar los subsidios y restituir el equilibrio tarifario, mientras la Contraloría General de la República revisa las responsabilidades administrativas y técnicas del caso. El presidente pidió comprensión a la ciudadanía, destacando que “el objetivo es enmendar el error y evitar que vuelva a ocurrir”.

Sin embargo, voces críticas apuntan a una falta de fiscalización y coordinación institucional. Expertos en políticas públicas advierten que el verdadero daño va más allá de lo económico, afectando la credibilidad del sistema y la fe pública en la gestión estatal.

El caso, calificado como uno de los errores más graves en la historia reciente del sector energético chileno, dejó en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y control en la aplicación de políticas tarifarias, reafirmando que los errores técnicos pueden tener profundas consecuencias sociales.