El estallido del caso “Muñeca Bielorrusa” vuelve a poner bajo la lupa al Poder Judicial chileno, una institución que, según la propia Constitución, debería ser garante de la justicia y el Estado de Derecho. Pero la historia reciente muestra que a veces sus cimientos se tambalean. Lo que comenzó como una indagatoria por soborno y cohecho se ha transformado en uno de los episodios más graves de corrupción judicial en décadas, tocando directamente a una exministra de la Corte Suprema y sacudiendo las confianzas en la institucionalidad.

Qué es el caso

El caso “Muñeca Bielorrusa” se refiere a una investigación impulsada por la Fiscalía Regional de Los Lagos contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y un grupo de abogados vinculados al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM).

La tesis del Ministerio Público apunta a que fallos favorables del máximo tribunal —dictados con la intervención de Vivanco— beneficiaron económicamente a CBM en un litigio con Codelco, la principal empresa estatal chilena.

Según los antecedentes, la Corte Suprema, con Vivanco en la Tercera Sala, revocó una decisión previa de la Corte de Apelaciones de Copiapó, obligando a Codelco a pagar más de 17 mil millones de pesos a la empresa privada. La sospecha es grave: que una compañía de capitales extranjeros haya pagado para torcer la justicia y lograr resoluciones favorables.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por cohecho, soborno y lavado de activos, mientras el Ministerio Público formalizó a Migueles y a dos abogados por su participación en la red.

“No estamos hablando de un soborno a un funcionario municipal o de un juez local. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, la sola posibilidad de que se pueda comprar un fallo favorable de la Corte Suprema abre preguntas muy incómodas sobre qué tan podrido está el edificio institucional en nuestro país”.

Por qué las formalizaciones al poder judicial son clave

La investigación marca un punto de inflexión: por primera vez en muchos años se formaliza penalmente a una exministra del máximo tribunal, cuestionando la noción de independencia judicial que, en algunos sectores, se ha confundido con impunidad.

Vivanco no cayó sola: su vínculo con el abogado Luis Hermosilla, revelado por una serie de chats filtrados, dejó en evidencia contactos indebidos, presiones para influir en fallos y hasta gestiones para nombramientos judiciales “a la medida” de ciertos intereses políticos y económicos.

El propio Senado aprobó una acusación constitucional contra Vivanco, dejándola inhabilitada por cinco años para ejercer cargos públicos. La Corte Suprema, fracturada internamente, ha intentado dar señales de rigor, aunque con resultados dispares: fue dura con la jueza Verónica Sabaj, pero blanda con el juez Antonio Ulloa, recordando que las defensas corporativas siguen vivas dentro del sistema.

El espejo del pasado: El Libro Negro de la Justicia Chilena

Este caso no solo revela el presente, sino que también nos hace mirar hacia atrás.

En 1999, la periodista Alejandra Matus publicó El libro negro de la justicia chilena, una investigación que destapó las redes de poder, favoritismos, abusos y corrupción dentro del Poder Judicial.

Matus documentó cómo el sistema operaba con rituales de autoprotección y jerarquías cerradas, denunciando un ambiente donde la crítica era castigada y el silencio recompensado.

El libro fue prohibido, incautado y censurado bajo el delito de desacato. Su autora debió exiliarse. Sin embargo, la historia le dio la razón: las mismas estructuras que denunció hace más de 25 años parecen resurgir, con nuevos nombres y estrategias, pero con el mismo patrón de poder y ocultamiento.

“El poder degradado”, escribió Matus en aquel texto. Dos décadas después, el eco de esa frase resuena con fuerza en cada audiencia judicial del caso Muñeca Bielorrusa.

Las muñecas dentro de la muñeca

El nombre del caso no es casual. Como las muñecas rusas que se abren una dentro de otra, cada capa de la investigación revela una nueva trama de corrupción, conexiones y encubrimiento.

Primero fueron los chats con Hermosilla, luego los fallos irregulares, después los pagos, los intermediarios, y finalmente los nombres que comienzan a emerger desde los círculos del poder.

Y con ello, surge la pregunta: ¿cuántas “muñecas” más quedan dentro del sistema judicial chileno?

El cruce y sus implicancias

Al cruzar el caso actual con la denuncia histórica del Libro Negro, emergen lecciones que no pueden seguir ignorándose:

• Persistencia del riesgo institucional: Lo que Matus reveló en los 90 no se erradicó. Que en 2025 se investiguen sobornos en la Corte Suprema demuestra que las grietas estructurales de la justicia chilena siguen abiertas.
• Transparencia judicial como deuda: La opacidad en los nombramientos, la falta de trazabilidad de los fallos y los vínculos políticos siguen siendo terreno fértil para el abuso.
• La formalización como señal de salud democrática: Que la justicia se investigue a sí misma no es un escándalo, es una necesidad. Lo contrario —el silencio— es el verdadero peligro.
• La vigencia del periodismo de investigación: Sin periodistas que indaguen y enfrenten el poder, muchos de estos casos quedarían ocultos. Lo demostró Matus, lo recuerdan hoy los medios que destapan estas tramas.
• El precio de la impunidad: Cada fallo comprado o amañado no solo mancha un tribunal, sino que erosiona la confianza en todo el sistema republicano.

La arista de Ñuble: el conservador de Chillán y la triangulación de dinero

La investigación también alcanzó a la Región de Ñuble, luego de conocerse la declaración del Conservador de Bienes Raíces de Chillán, Cristian San Martín, quien reconoció haber participado en una triangulación de dineros vinculada al círculo cercano de Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles. Según la indagatoria revelada por BioBioChile, San Martín habría emitido un contrato falso por servicios jurídicos inexistentes, a cambio de transferencias que se habrían utilizado para disfrazar el pago de sobornos y desviar fondos desde las empresas implicadas hacia el entorno de la exministra. El propio conservador admitió haber asistido a cenas de lujo y reuniones en Santiago con Migueles y abogados asociados al caso, describiendo un esquema diseñado para dar apariencia de legalidad a operaciones financieras ilícitas.

Este vínculo otorga al caso una relevancia directa para Ñuble, demostrando que la red de corrupción no se limitaba a las altas esferas capitalinas, sino que también operaba a través de funcionarios con poder territorial en regiones, reforzando la magnitud y alcance del entramado que hoy sacude al Poder Judicial chileno.

El caso Muñeca Bielorrusa no es solo una historia de corrupción judicial: es una advertencia sobre el poder sin control.

Cuando hablamos de formalizar a jueces, ministros o personas del alto tribunal, estamos confrontando una zona tradicionalmente protegida por el principio de la independencia judicial. Sin embargo, esa independencia no es un sello de impunidad: exige que quienes detentan poder judicial rindan cuentas, y que los mecanismos de control funcionen.

Nos recuerda que la independencia judicial debe servir a la justicia, no a los privilegios. Que las instituciones no se fortalecen con silencio, sino con transparencia.

Y sobre todo, que mientras no se rompa el ciclo del encubrimiento, seguirán existiendo “muñecas bielorrusas” ocultas dentro del poder, decidiendo en silencio sobre el destino de millones de personas, los recursos del Estado y la credibilidad de toda una democracia.