La llamada «Megarreforma» sigue avanzando en el Congreso y uno de sus capítulos más debatidos es el relacionado con el medio ambiente. Esta semana, la Comisión de Medio Ambiente del Senado aprobó una serie de cambios que buscan acelerar la inversión, pero que también han generado preocupación entre organizaciones ambientales y parte del mundo político.
Aunque la iniciativa todavía debe continuar su tramitación, las modificaciones podrían cambiar de manera importante la forma en que se evalúan los proyectos en Chile.
¿Qué busca esta reforma?
Según el Gobierno, el objetivo es reducir la burocracia, entregar mayor certeza jurídica a quienes invierten y disminuir los largos tiempos que hoy enfrentan muchos proyectos para obtener permisos.
Para ello, el proyecto incorpora cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), establece nuevos plazos para que los organismos públicos respondan y modifica algunos procedimientos administrativos.
Los cambios más relevantes
Entre las medidas aprobadas destacan:
- Plazo máximo de un año para que los organismos sectoriales resuelvan permisos asociados a proyectos de inversión.
- Un año como límite para solicitar la invalidación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
- Posibilidad de que el Estado deba restituir ciertos gastos a una empresa cuando una RCA favorable sea anulada posteriormente por los tribunales, uno de los puntos que más controversia ha generado.
- Cambios en materias específicas como las relocalizaciones de concesiones acuícolas, que igualmente deberán ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental y contar con planes de abandono y cierre.
¿Por qué existe tanta discusión?
Los defensores del proyecto sostienen que Chile necesita reglas más claras y tiempos de respuesta conocidos para atraer inversiones, generar empleo y evitar que proyectos permanezcan años esperando autorizaciones.
En cambio, organizaciones ambientales y algunos parlamentarios advierten que varias de estas modificaciones podrían limitar las herramientas para revisar proyectos o reducir los espacios de participación y control ambiental. Incluso algunos senadores anunciaron que podrían recurrir al Tribunal Constitucional respecto de algunas normas.
¿Qué significa esto para una región como Ñuble?
Aunque muchas veces estos debates parecen lejanos, una región como Ñuble podría verse directamente involucrada.
Actualmente existen o podrían desarrollarse proyectos relacionados con:
- energías renovables;
- transmisión eléctrica;
- infraestructura vial;
- gestión de residuos;
- obras hidráulicas;
- desarrollo agroindustrial;
- iniciativas forestales.
Si la reforma finalmente se aprueba, algunos de estos proyectos podrían enfrentar procesos más rápidos y con mayor certeza respecto de los plazos administrativos.
Eso podría traducirse en inversiones que comiencen antes, generando empleo y dinamizando la economía regional.
Sin embargo, también aumentará la importancia de que los proyectos ingresen al Sistema de Evaluación Ambiental con estudios sólidos desde el inicio y que los organismos públicos cuenten con los equipos técnicos suficientes para revisar la información dentro de los nuevos plazos.
Greenpeace advierte sobre posibles retrocesos
Desde Greenpeace Chile manifestaron una fuerte preocupación por la forma en que se ha tramitado el proyecto y por el contenido de algunas de las modificaciones aprobadas.
La organización sostiene que la discusión se desarrolló de manera acelerada y con indicaciones presentadas pocas horas antes de la votación, lo que, a su juicio, dificultó un análisis técnico y jurídico adecuado. Además, cuestionó cambios como la reducción de herramientas para impugnar Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), la figura de indemnización cuando una RCA es anulada y algunas normas relacionadas con la relocalización de concesiones salmoneras en áreas protegidas.
Greenpeace también advirtió que estas modificaciones podrían debilitar la protección ambiental y generar un precedente donde la certeza para la inversión tenga mayor peso que la revisión de eventuales errores en la evaluación ambiental.
¿Qué viene ahora?
El proyecto aún no ha terminado su tramitación. Tras la aprobación del capítulo ambiental en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, deberá continuar su discusión en las comisiones de Trabajo y Hacienda antes de pasar a la Sala del Senado.
Por ello, el contenido definitivo de la reforma todavía podría sufrir modificaciones durante el debate legislativo.
Un equilibrio que seguirá en discusión
La principal pregunta que plantea esta reforma es cómo lograr un equilibrio entre dos objetivos que parecen igualmente necesarios: impulsar nuevas inversiones para el desarrollo económico y, al mismo tiempo, mantener altos estándares de protección ambiental.
Por ahora, el proyecto continúa su discusión en el Senado y todavía podría sufrir modificaciones antes de convertirse en ley.
Para regiones como Ñuble, donde conviven proyectos de energías renovables, agroindustria, infraestructura, gestión de residuos y conservación de ecosistemas, el desafío será encontrar un equilibrio. Contar con permisos más ágiles puede impulsar nuevas inversiones y empleo, pero ese proceso también requiere mantener evaluaciones ambientales rigurosas y transparentes que entreguen confianza tanto a las empresas como a las comunidades. La discusión que hoy se desarrolla en el Congreso busca precisamente definir dónde estará ese equilibrio para los próximos años.
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