Hay una pregunta incómoda que deberíamos hacernos antes de celebrar cualquier reforma de seguridad:
¿Cuánta libertad estamos dispuestos a entregar a cambio de sentirnos más seguros?
El gobierno de José Antonio Kast acaba de ingresar al Senado una reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción, con restricciones a la libertad de movimiento y reunión, facultades para interceptar comunicaciones y requisar bienes. Puede extenderse por períodos prolongados. También mantiene la posibilidad de establecer restricciones para personas condenadas por crimen organizado y terrorismo.
La discusión será presentada, probablemente, en términos muy simples: seguridad versus delincuentes.
Y ahí está la trampa.
Porque una democracia no se prueba cuando persigue a los criminales. Se prueba cuando decide cuánto poder está dispuesta a darle al Estado para perseguirlos.
Nadie sensato debería defender al crimen organizado. Nadie debería exigir que el Estado enfrente mafias, terrorismo o narcotráfico con las manos atadas.
Pero precisamente porque el enemigo es peligroso, debemos preguntarnos qué herramientas estamos creando y quién podrá utilizarlas mañana.
Porque las leyes no pertenecen para siempre a quienes las redactan.
Hoy el Estado puede decir que necesita interceptar comunicaciones para perseguir criminales. Mañana otro gobierno podría considerar que necesita las mismas herramientas para enfrentar una amenaza distinta.
Hoy hablamos de delincuentes.
Mañana podría ser un grupo político.
Después, una organización social.
Y ahí es donde Orwell vuelve a ser relevante.
1984 no es una advertencia sobre un gobierno particularmente malo. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la vigilancia y el control dejan de parecer excepcionales y comienzan a parecer normales.
Margaret Atwood hizo algo parecido en El cuento de la criada: mostró que los derechos no suelen desaparecer todos de una vez. Se restringen progresivamente, siempre acompañados de una justificación que parece razonable en ese momento.
Ese es el verdadero peligro de las excepciones… que terminemos acostumbrándonos a ellas.
Hay otra idea todavía más inquietante. Si una persona comete un delito gravísimo, el Estado puede privarla de libertad y castigarla. Pero ¿qué ocurre cuando, después de cumplida la condena, seguimos diciendo que merece menos derechos que los demás?
Ahí ya no estamos hablando solamente de seguridad.
Estamos hablando de qué entendemos por ciudadanía.
Por eso esta reforma merece ser discutida con seriedad, no con consignas.
La seguridad es un derecho. Una madre debería poder caminar tranquila por su barrio. Un comerciante debería poder trabajar sin miedo. El Estado tiene la obligación de perseguir al crimen organizado. Incluso el propio gobierno ha planteado la seguridad como un deber constitucional del Estado.
Pero hay una diferencia enorme entre decir “el Estado debe protegernos” y decir “el Estado debe tener cada vez más poder para protegernos”.
La primera afirmación es democrática. La segunda necesita límites.
Porque quizás la pregunta más importante no sea si esta reforma permitirá combatir mejor al crimen.
La pregunta es:
¿Qué Estado estamos construyendo mientras intentamos combatirlo?
Una sociedad puede ser más segura y, al mismo tiempo, menos libre.
Y la historia está llena de gobiernos que prometieron que ambas cosas eran necesarias, temporales y excepcionales.
El problema es que las excepciones tienen una costumbre peligrosa:
cuando funcionan, nadie quiere devolverlas.
Y tu que opinas?
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